El PSOE de Cehegín exige al alcalde del PP que cumpla la sentencia que le obliga a facilitar la información solicitada por el Grupo Socialista

José Rafael Rocamora recuerda que la información "es un derecho, no sólo de la oposición, sino de los ciudadanos de Cehegín a los que representamos"

El secretario general del PSOE de Cehegín, y concejal en la localidad, José Rafael Rocamora, exigió que el Ayuntamiento haga efectiva la sentencia judicial que le obliga a poner a disposición del Grupo Municipal Socialista la información que solicitó en su día sobre distintos gastos realizados por el Consistorio gobernado por el Partido Popular.

La sentencia, de fecha 5 de marzo de 2010, recurrida por el Grupo Popular, obliga al Ayuntamiento a que "haga entrega mediante exhibición, de forma inmediata, a los demandantes de los informes y documentos solicitados en el expediente administrativo y que son los contenidos en la demanda".

Dicha demanda había sido interpuesta por el Grupo Municipal Socialista en 2007, tras haber solicitado en 2006 información sobre determinadas cuestiones y no haberle sido facilitada por parte del Ayuntamiento. La información requerida se refería a facturas pendientes de pago, estado de la deuda municipal, gastos de personal, de fiestas patronales, gastos de viajes, etc.

José Rafael Rocamora explicó que la información que los socialistas solicitaron al Ayuntamiento "es un derecho, no sólo de nuestro grupo municipal, sino de todos los ciudadanos de Cehegín a los que representamos, y es necesaria -como reconoce el Juez en la sentencia- para que podamos realizar nuestra labor de oposición en cuanto a ejercer control y fiscalizar la actividad del grupo político que está gobernando".

En los "Fundamentos de Derecho", la sentencia 00145/2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Murcia resalta que negar (a un representante legítimo de los ciudadanos) el ejercicio del derecho de iniciativa de información en los asuntos públicos constituye una violación del derecho consagrado en el artículo 23.1 de la Constitución Española.